domingo, 21 de agosto de 2016

Capítulo 1.1

LA INDUSTRIA DEL CLORO SE MUDA HACIA EL SUR


La emigración de la industria del cloro del Norte hacia el Sur fue anunciada
con varios años de anticipación. Cuando en Chile adquirieron notoriedad
en 2005 los impactos sociales y ambientales de las plantas de celulosa,
en Uruguay la historia estaba comenzando, pero la prioridad de los
gobiernos era captar esa inversión.

“Asia, América Latina y la ribera del Pacífico: ese será casi seguramente el
rumbo que tomarán en la década actual las industrias del cloro, tras haber
sido ‘desterradas’ de Europa y Estados Unidos por las continuas protestas
de las organizaciones ecologistas”
, decían Kenny Bruno y Jed Greer en el
artículo La nueva amenaza tóxica, publicado en la Revista del Sur, de
Montevideo, en agosto de 1993. Doce años más tarde, la previsión era una
realidad.

Según Bruno y Greer, la evolución general de las industrias tóxicas atravesaba
cuatro etapas: 1) desarrollo en el Norte industrializado; 2) propagación
hacia el Sur menos industrializado; 3) decadencia en el Norte, en virtud de
factores ambientales, sanitarios y económicos; y 4) permanencia en el Sur,
donde, debido a la falta de reglamentación o al incumplimiento de las
normas vigentes, provocan todavía más daños que en el Norte.

El cloro se encuentra en la base de algunos de los productos más tóxicos,
persistentes y acumulativos en los organismos vivos. La química del
cloro combina el elemento cloro con hidrocarbonos para formar una gran
variedad de compuestos químicos organoclorados. El gas de cloro fue uno
de los primeros gases tóxicos utilizados en la guerra (Segunda Guerra
Mundial) para atacar al sistema nervioso del ser humano.

Los plaguicidas DDT y pentaclorofenol, los PCB, los CFC que agotan el
ozono, el Agente Naranja, una variedad de disolventes tóxicos como el
tetracloroetileno y percloroetileno, subproductos como las dioxinas y los
furanos, pertenecen a los organoclorados. Sus efectos abarcan el cáncer,
malformaciones de nacimiento, problemas reproductivos, de desarrollo y
neurológicos, falta de inmunidad y daños en la piel, hígado, riñones y otros
órganos.

La evolución de la industria del cloro se encuentra hoy en América
Latina entre el final de la segunda y la tercera etapas de su expansión. En
cuanto a la producción de celulosa y papel, mientras las tecnologías en
Europa y Estados Unidos tienden a prescindir totalmente del cloro, en el
Sur se han instalado y siguen instalándose plantas de ‘alta tecnología’ con
procesos de blanqueo basados en compuestos de cloro (p.ej. el ECF).

Frente a las economías sedientas de capital de América Latina, la industria
de la celulosa se presenta con un gran despliegue publicitario como portadora
de grandes beneficios y de las tecnologías más avanzadas, promete
crecimiento y desarrollo social, así como preocupación por el medio ambiente.

Los gobiernos locales, jugando bajo las reglas del modelo neoliberal,
han acogido alegremente estas inversiones y prometen controlarlas.

Inclusive en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, donde la vieja derecha
fue vencida después por partidos o alianzas de izquierda, los nuevos gobiernos
no alteraron el modelo imperante y siguieron disputándose las
megainversiones de la industria forestal y de celulosa. Cuando los desastres
ambientales ocurren son considerados ‘accidentes’ y las poblaciones procuran
defenderse ante la poco convincente exigencia de las autoridades.

En Chile, el “juego de la mosqueta”

El gobierno chileno autorizó, en junio de 2005, la reapertura de la
planta de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), en la provincia de Valdivia,
790 Km. al sur de Santiago. La industria había sido clausurada el 18 de
enero anterior, al constatarse numerosas irregularidades en medio de crecientes
protestas de la población por la gran mortandad de cisnes de cuello
negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el Río Cruces,
15 km. aguas abajo del vertedero de la planta de Celco.

La planta había comenzado a operar en febrero de 2004 y, poco después,
ambientalistas y vecinos de la zona denunciaron que cientos de habitantes
de las poblaciones cercanas de San José de la Mariquina, Rucaco,
Rayula y Ciruelos, padecían problemas respiratorios, irritaciones en los ojos
y dolores de cabeza, entre otras afecciones, atribuidas a emisiones de gases
tóxicos de la planta, ya que ésta era el único elemento nuevo en la zona.

Hasta octubre de ese año habitaban en el Santuario unos 6.000 cisnes
de cuello negro, su mayor colonia en América del Sur, pero siete meses
después quedaban menos de mil. Un estudio de la Universidad Austral
concluyó que la muerte de 120 cisnes y la emigración de otros 4.000 se debió a
los vertidos de Celco, que eliminaron un microorganismo que es su alimento,
y al alto índice de hierro y parásitos encontrado en sus organismos.

La Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) condicionó la
reapertura de la planta a la anulación de un caño que extraía agua de
pozos no autorizados, al compromiso de no superar los valores de producción
permitidos, al control en línea de diversos parámetros operativos y a la
contratación de auditorias nacionales y extranjeras. Y fijó un plazo de dos años
para estudiar y construir una salida al mar alternativa al actual vertedero.

La Corema aplicó a Celco una multa irrisoria de 10.000 dólares por
dos violaciones de las normas y aceptó sus descargos en otras cinco entre
octubre y diciembre de 2004.

Cuatro de las cinco exigencias de la Corema eran acciones de mediano
y largo plazo. “Los impactos ambientales quedarán en evidencia en forma
tardía, cuando resulten irreversibles”, aseguró la Fundación Terram. Por otra
parte, la decisión de llevar la salida del vertedero al océano significaba volver
al proyecto original de Celco, que fue descartado entre 1996 y 1998 debido
a la firme resistencia y movilizaciones de los pobladores de la costa.

“Si en 10 meses ocurrieron cambios significativos, qué esperamos que
suceda en 24 meses más”, declaró el doctor Eduardo Jaramillo, coordinador
del estudio de la Universidad Austral. Mientras tanto, en el lafquen
Mapu (territorio Mapuche de la costa) y sus comunidades la señal de alerta
se difundió rápidamente al saberse que Celco proyectaba instalar el nuevo
vertedero en los límites costeros de la Novena y Décima regiones.

“La empresa cumplió las sugerencias y ordenanzas de la Corema regional”,
fue la escueta declaración hecha en Santiago por el ministro Secretario
General de Gobierno, Francisco Vidal. Fuentes locales informaron que
Celco estaba perdiendo 1:000.000 de dólares en las ventas y 250.000 dólares
de utilidades por día de inactividad y atribuyeron a este factor la celeridad
de la Corema para decidir la reapertura de la planta.

Uruguay, un nuevo socio en el club

La instalación en Uruguay de grandes proyectos de fabricación de celulosa
de la empresa española Ence y de la finlandesa Botnia fue autorizada por
los gobiernos de los partidos tradicionales blanco y colorado que habían
promovido la ley forestal aprobada en 1987 a través de la cual, mediante
subsidios y exenciones tributarias, se abrió el país a la inversión extranjera en
plantaciones de árboles para la producción de pulpa del papel.

Sorpresivamente, el novel gobierno del Frente Amplio, que asumió el
1º de marzo de 2005, adoptó como suyas las decisiones de sus predecesores
y comenzó a defender los proyectos en base a la prioridad del “desarrollo”.
Eran argumentos similares a los utilizados 50 años atrás que, justamente,
en Europa destruyeron su medio ambiente e hicieron que en esos
países se empezaran a eliminar las tecnologías del cloro y sus derivados.

Evaluado en 1.200 millones de dólares, el proyecto de Botnia fue anunciado
como la mayor inversión en la historia del Uruguay, pero en el país se
aplicaría sólo un 20% del total. La concesión de zona franca y puerto libre
implicaba que la fábrica no pagaría impuestos y los 300 puestos de trabajo
de la planta no compensaban los 2000 empleos en el turismo, la pesca, la
apicultura y otras actividades de la zona que serían afectados.

Esto sin contar los muy probables perjuicios de esa producción sobre el
medio ambiente de la región circundante, situada en el tramo medio del
fronterizo Río Uruguay, que incluye a importantes poblaciones del lado uruguayo
(Fray Bentos, con 23.000 habitantes) y del lado argentino (Gualeguaychú,
con 65.700 habitantes). Debían agregarse también los impactos de la
forestación, que sería incrementada por la proximidad de las plantas.

Si quisiera prever el futuro, el caso uruguayo se podría mirar en el
chileno. La tecnología de producción de celulosa es la misma (ECF) pero
además Botnia-Uruguay piensa producir el doble de Celco. El ecosistema
del Río Cruces, sin el Santuario, se asemeja bastante al del Río Uruguay,
por su rica y no menos frágil biodiversidad. Hasta un ex ejecutivo de Celco,
Ronald Beare, fue contratado como Gerente General de Botnia-Uruguay.

En contra del Uruguay corría, además, la menor experiencia y capacidad
de control frente a emprendimientos industriales de este porte, en
comparación con Chile, Argentina o Brasil. A la Dinama uruguaya le llevó
menos de un año revisar el Informe Ambiental Resumen (IAR) de Botnia,
mientras Celco en Chile insumió seis años de estudios y aún así tuvo problemas.
Algunos técnicos uruguayos decidieron hacer un análisis por su
propia cuenta.

El ingeniero químico Ignacio Stolkin, con una importante trayectoria
académica y científica internacional, y otros técnicos analizaron el IAR de
Botnia y concluyeron que carecía de rigor y seriedad científica, que era
vago, tenía contradicciones y no indicaba fuentes bibliográficas que permitieran
verificar sus afirmaciones. Este mismo grupo recusó luego la
autorización de la Dinama, alegando que no podía pretender controlar
algo con esa base.

Botnia alegaba que las dioxinas y furanos no son detectables en efluentes
de plantas de ECF y no propuso medirlos. La Dinama no aceptó este criterio
y fijó un límite de emisión anual, algo que los recusantes estiman igual
“altamente peligroso”. Para estos técnicos era imposible que una firma
como Botnia ignore la presencia de dioxinas en los 14 millones de metros
cúbicos diarios de gases de invernadero que emitirá su fábrica.

“Marketing verde” y opinión pública

Desde su entrada en el país, las industrias forestal y de celulosa realizan
un despliegue de relaciones públicas y publicidad sumamente agresivo
y eficiente. Aparte de las típicas tretas de seducción, como los regalos a la
comunidad (‘cuentas de colores’) y los viajes para mostrar cómo hacen las
cosas en la metrópoli (‘espejitos’), si se cree el discurso oficial, no hay
nadie más avanzado tecnológica, social y ambientalmente que ellas.

En Chile, la agrupación Acción por los Cisnes denunció una “campaña
de desinformación” de Celco. La empresa repartía volantes, realizaba visitas
casa por casa y telefoneaba a los vecinos para decirles que ellos cumplían
las normas, que las dioxinas no eran una amenaza para la salud y que
la planta generaba más de 10 mil empleos. “Datos y argumentos que faltan
seriamente a la verdad”, afirmó la portavoz del grupo, Claudia Sepúlveda.

En Uruguay, la ofensiva propagandística no ha sido menor. Al anunciar,
en mayo de 2005, el comienzo de la fase de construcción de la planta en Fray
Bentos, Botnia reveló que había contratado los servicios de Research Uruguay,
una empresa de encuestas de opinión. A la hora de tener que hacer
valer su punto de vista sobre la población, no se ahorran recursos económicos
ni aportes ‘científicos’, incluso de técnicos y profesionales locales.

Frente a estas campañas de las empresas, que son apoyadas por el
gobierno y la gran prensa, las poblaciones afectadas y las organizaciones
ecologistas enfrentan grandes dificultades para hacerse oír. El diario chileno
El Mercurio define a estos grupos como una “traba” a la inversión pero,
mientras los proyectos siguen, las ganancias son enormes. Al final la gente
puede hacerse respetar, pero el daño hecho suele ser irreversible.

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