Capítulo 2.5

POLÍTICA FORESTAL: UNA LAVADA DE CARA

La aprobación de los primeros proyectos de forestación en gran escala de
la empresa sueco-finlandesa Stora Enso en Uruguay reveló las limitaciones
de los cambios introducidos por el gobierno del Frente Amplio en la
normativa ambiental y sus sombrías perspectivas.

La autorización de dos proyectos de forestación de Stora Enso en el
departamento de Durazno se inscribió en el Decreto 349/05 de actualización
del reglamento de las evaluaciones de impacto ambiental, aprobado
el 21 de setiembre de 2005, que estableció el requisito de autorización
ambiental previa (AAP) para las “nuevas plantaciones forestales de más 
de 100 (cien) hectáreas en un establecimiento o unidad de producción”.

Según esta norma, los proyectos deben ser evaluados por su posible
impacto, lo que determina si es necesario hacer un estudio de impacto
ambiental (EIA) previo. La categoría A se asigna a los proyectos con “impactos
ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por 
las normas vigentes” y no requiere EIA. Los proyectos de clase B (de impactos
“significativos moderados”) deben hacer un EIA sectorial, y por último los
de clase C (impactos “negativos significativos”) un EIA completo.

Paralelamente, se eliminaron los subsidios directos a la forestación y
la disposición que concedía esta prioridad a los “suelos accesorios”, así
llamados por estar en predios donde más del 60% del área era de prioridad
forestal. Sin embargo, la reforma tributaria aprobada en julio de 2007 restableció
los subsidios al sector forestal y mantuvo inalterada la exoneración
de todo tipo de impuestos a las plantaciones.

El decreto 191/06 del 16 de junio de 2006 y su complementario del 10 de
julio sacaron la ‘prioridad forestal’ a suelos del litoral con potencial agrícola
ganadero, costas arenosas y márgenes de ríos y otras áreas, totalizando
una reducción de unas 300.000 ha. A la vez, se asignó prioridad forestal
condicionada a suelos en donde la forestación se combine con actividad
agrícola ganadera, un modelo defendido por la Dirección General Forestal
del gobierno de Tabaré Vázquez. Con estos proyectos el área de prioridad
forestal aumentaría en unas 800.000 hectáreas.

Para los sectores críticos de los monocultivos de árboles, esta
reclasificación de los suelos de prioridad forestal significó en realidad un
aumento de 500.000 ha. a las 3,5 millones de hectáreas ya habilitadas para
acogerse a los incentivos de la ley. El gobierno, en cambio, decía que lo
“estrictamente prioritario” se redujo y que lo importante era el tipo de
suelos que se sacó y que se agregó, no la superficie total.

La definición de las áreas de ‘prioridad forestal’ acompañó la ley 15.939
para estimular estas explotaciones y se justificó en que eran suelos “de
baja productividad y menores alternativas de uso”. La aptitud forestal del
país es obviamente mayor y la rentabilidad de la inversión era tan grande
que, al no existir una norma que regulara todo el territorio, las plantaciones
desbordaron cómodamente las zonas de prioridad forestal.

Solicitud de forestación

A comienzos de 2006, por intermedio de Derflin S.A., la multinacional
Stora Enso presentó a la Dirección General Forestal (DGF) sendos proyectos
de forestación en los establecimientos Las Tías y La Teja, de su propiedad,
al norte del departamento de Durazno. Por afectar más de 100 hectáreas
–1.217 y 5.757 hectáreas, respectivamente–, fueron presentados también
a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Los emprendimientos se enmarcan, según Stora Enso, en el proyecto
planificado por la empresa para la región centro-este de Uruguay, cuyo
objetivo es abastecer a una fábrica de celulosa que se establecería a orillas
del Río Negro y para lo cual deberá contar con 100.000 ha forestadas en
plantaciones propias y otras implantadas o por implantar a la menor distancia
posible.

En la DGF, la Regional Norte solicitó un replanteo del uso de los suelos G03.11
(tierras bajas de drenaje pobre con monte ribereño), por no ser de prioridad
forestal y el posible impacto negativo para su ecosistema, pero la empresa
resolvió eliminarlos del plan, ya que ocupaban un área menor. Superado este
aspecto, la DGF aprobó los proyectos y se limitó a fijar las áreas de “bosque 
de rendimiento” y de “bosque general”, según lo definido
por la ley Forestal.

Ante la Dinama, Stora Enso argumentó que la erosión y compactación del
suelo, la contaminación por insecticidas y herbicidas y la modificación del
paisaje podían ser impactos negativos, pero de poca significación. Y como
efectos positivos incluyó la protección del suelo y del ganado, la conservación
de la biodiversidad, la generación de empleo y el fomento a la radicación
de familias en la zona, sin presentar ninguna prueba que lo demostrase.

La Dinama pidió explicaciones sobre aspectos no desarrollados del
proyecto, como el impacto sobre los recursos hídricos. La empresa respondió
que “no dispone de información que haga pensar en un impacto negativo de 
las plantaciones sobre los recursos hídricos” y la autoridad ambiental se dio
por satisfecha, sin hacer ningún comentario al respecto.

Dado que la solicitud enmarcaba ambas forestaciones dentro de un proyecto
de mayor escala de la empresa en esa zona, la Dinama solicitó asimismo
la presentación de un informe sobre los posibles impactos asociados del
proyecto en su totalidad. Stora Enso respondió que las plantaciones “son y
serán manejadas como unidades independientes”. Con tal respuesta la Dinama
también se dio por satisfecha y quedó zanjado el problema.

Firmeza o trivialización

En menos de tres meses, el 26 de junio, la Dinama emitió dos conclusiones
iguales y simultáneas sobre los proyectos sugiriendo que se les adjudicase
la Categoría A eximiéndolos de EIA. En una sincronización perfecta,
el mismo día que la Dinama aprobó el informe de sus técnicos el ministro
firmó la Autorización Ambiental Previa (AAP).

A pesar de afirmar que la información de la empresa “carece de datos
básicos que permitan evaluar el proyecto con la profundidad adecuada” y
que no contó “con la información necesaria para realizar una adecuada
clasificación del proyecto propuesto”, los técnicos de la Dinama propusieron
asignarle la Categoría A supeditándolo al cumplimiento de unas condiciones
que fueron aceptadas por la empresa Derflin.

Las autoridades oficiales trataron no obstante de dar una imagen de firmeza
ante la empresa. “El ministro Mariano Arana informó que puso determinadas
condiciones a la empresa extranjera Stora Enso para su instalación en el 
departamento de Durazno”, publicó el diario La República pocos días
después. El matutino agregó que Arana garantizó que controlará los
procedimientos en materia ambiental con los inspectores del ministerio.

Para el director de la DGF, Andrés Berterreche, “la más determinante
(diferencia con respecto a gobiernos anteriores) es la prohibición de plantación
de determinados suelos, preservando así zonas de alto valor estratégico a
nivel más micro pero no menor”. “Cuando una empresa ‘desiste’ es por algo
más que un simple obstáculo o la ampliación de los requerimientos”, acotó.

El técnico forestal Ricardo Carrere, del Grupo Guayubira, se declaró
decepcionado por la decisión oficial. Carrere consideró que “la aprobación
del proyecto de Stora Enso implica una burla al espíritu del nuevo reglamento.
Por el simple mecanismo de considerar que las plantaciones ‘no
presentarían impactos ambientales negativos’ se las exime de una evaluación
de impacto. Es decir, que algo cambió para que todo quedara igual.”

Para el investigador de CIEDUR Carlos Pérez Arrarte, haber adjudicado la categoría
A a la forestación de Stora Enso “muestra que van a trivializar totalmente la
nueva disposición de requerir Autorización Ambiental Previa a los proyectos 
forestales de más de 100 hectáreas y que lo planteado es meramente
un aspecto cosmético pero no hay la menor voluntad política de
hacer nada”.

Pérez advirtió que “el único propósito declarado para otorgar la AAP es
exigir que los montes se planten en suelos de prioridad forestal, pero esto
no ha sido incluido en ninguna normativa obligatoria y, ante cualquier cambio
de jerarcas (director de Dinama o de la DGF), puede dejar de tener
vigencia inmediatamente.”

El eslabón más débil

Además de las disposiciones legales y normativas y de la voluntad para
aplicarlas, un componente fundamental para la definición de las políticas y
las conductas de los actores, en ésta como en cualquier otra actividad, es la
disponibilidad y acceso a información confiable sobre los verdaderos impactos
sociales y ambientales de la forestación.

“Llama poderosamente la atención que la Dinama afirme que la forestación
a lo sumo pueda tener impactos nulos o mínimos, cuando está documentado
que sus impactos son graves. La Dinama ignora incluso el reciente estudio 
científico de la Facultad de Ciencias –que fue difundido por toda la prensa 
uruguaya– que entre otros aspectos demuestra que la forestación
impacta sobre el agua”, comentó el integrante de Guayubira.

Berterreche afirmó por su parte que “sobre el agua se están realizando
estudios para cuantificar el problema”, mientras tomaban medidas
precautorias como la de prohibir la plantación en suelos de bajos. Y puso
como ejemplo de estos estudios los trabajos del Instituto de Mecánica de
los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería y
Agrimensura.

Para el investigador Pérez el problema es más amplio, “se continúa
tratando el tema como en los años 60, definiendo la prioridad forestal por
un aptitud que sólo considera el suelo y no el conjunto de elementos esenciales
del ecosistema (agua, biodiversidad, patrimonio cultural, etc.). La ‘prioridad 
forestal’ es una definición política, sin base técnica mínima y sin
una participación de todos los sectores interesados”.

El profesor Luís Vieira, investigador del IMFIA, expresó dudas sobre el
impacto de la forestación en suelo uruguayo. Sus estudios en la cuenca del
Río Negro aguas arriba de Rincón del Bonete tenían diferencias con otros
trabajos similares, pero los impactos registrados significativos y reafirmaban
la necesidad de un estudio sistemático.

“Todo lo que hemos hecho ha sido con esfuerzo propio, concursando
por fondos de 10 y 40 mil dólares que no duran más de dos años”, explicó
Vieira. En realidad, estudios de dos años no son suficientes para analizar
cultivos con un ciclo de vida de 15 años. “Para tener indicadores que permitan
efectuar correcciones y definir políticas –confirmó– se necesitan recursos,
trabajo sistemático y una red de monitoreo a nivel nacional”.

A pesar de su importancia para el país, estos requisitos están lejos de
ser aplicados, no sólo por falta de recursos, sino porque tampoco se aprovechan
los existentes. En la Universidad no existe una coordinación de los
centros que están estudiando este problema y afuera tampoco. Sin una
base de conocimiento adecuada, el país se condena a esperar el desenlace
de los hechos. Ser optimista en tales condiciones es más que ingenuo.

Chacritas del subdesarrollo

Cuando preguntamos a un investigador por qué no existía una coordinación
entre los distintos centros universitarios que están analizando los impactos
de la forestación en el país, se produjo un largo y sonoro silencio. Es obvio
que esa coordinación impediría malgastar los escasos recursos que se
disponen y es obvio, también, que esta carenciaresponde a causas
internas de la institución.

A este problema deben agregarse los efectos de la censura política,
que se expresa en las reacciones bastante agresivas que suscita la divulgación
de un estudio científico cuando sus resultados no concuerdan
con las conveniencias partidarias o gubernamentales. Y aquí debe
incluirse la autocensura de los científicos: hay estudios científicos universitarios
cuya divulgación pública está suspendida o demorada porque
los propios autores evaluaron que “no es el momento propicio”
para darlos a conocer.

Otra estrategia frecuente es apelar a falsas contraposiciones –desarrollo
o medio ambiente, etc.– que impiden hablar de los problemas de
fondo. Discusiones que, en definitiva, no son más que un reflejo de
nuestra condición de subdesarrollo.