Capítulo 1.6

UN PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN URUGUAY

 El gobierno del Frente Amplio retomó como propia la idea de construir un
puerto de gran calado en la costa oceánica del departamento de Rocha;
un proyecto de vieja data que buscaba viabilizarse ahora dentro de la
controvertida iniciativa IIRSA.

La iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA) está conformada por diez ejes de integración, que cruzan de sur
a norte y de este a oeste el continente, y siete procesos sectoriales para
armonizar los marcos regulatorios entre los países. Son más de 40 megaproyectos
compuestos y cientos de proyectos menores, con un costo de
financiación de más de 20 mil millones de dólares.

Según el acuerdo constitutivo de IIRSA, el Comité de Dirección Ejecutiva
(CDE) se integra con un representante por cada gobierno de la
región, pero la tarea ejecutiva es ejercida realmente por el Comité de
Coordinación Técnica (CCT), integrado por funcionarios del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF)
y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA).

La Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 de IIRSA contenía
un conjunto inicial de 31 proyectos de alto impacto para la integración
física de la región, que habían sido aprobados por la dirección ejecutiva
en noviembre de 2004 y presentados a los presidentes en la Cumbre
realizada en Cusco un mes después. De los 31 proyectos, 7 correspondían
al eje Mercosur-Chile y dos incluían directamente a Uruguay. Estos
proyectos eran la adecuación del corredor Río Branco-Montevideo-
Colonia-Nueva Palmira y el nuevo Puente Internacional Yaguarón-
Río Branco.

El puerto de La Paloma

Al retomar el proyecto del puerto de aguas profundas en la costa de
Rocha en 2007, autoridades del gobierno uruguayo lo definieron como eje
del desarrollo del país y objetivo estratégico para vincular el Cono Sur al
comercio mundial. El ex-presidente Jorge Batlle, en una visita a La Paloma
en 2004, lo había llamado también “el puerto del Mercosur” e incluso lo
presentó como una idea señera del prócer nacional José Artigas.

Las fuentes oficiales no suelen mencionar a IIRSA y la iniciativa regional
ha mostrado una fuerte vocación por el anonimato. Voceros del
BID han dicho incluso que el banco no financia sus proyectos, a pesar
de que documentos oficiales de la institución incluyen a varios de sus
emprendimientos. Sería solo una estrategia del BID para evitar reclamos
directos y colocar la responsabilidad de los proyectos en los gobiernos.

Aunque no hablaba de IIRSA, todo indicaba que el gobierno frenteamplista
apostaba a conseguir apoyo financiero para este proyecto en el contexto
de la iniciativa contando con que Uruguay ocupaba ese año la presidencia
del Comité de Dirección Ejecutiva a través del ministro de Transportes
y Obras Públicas, Víctor Rossi.

Al intervenir en la sesión del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), en
Quito, Ecuador, en 2006, cuando asumió la presidencia del organismo, el
ministro Rossi había indicado su “compromiso de trabajar para que el sector
privado participe más activamente en el financiamiento de proyectos
públicos y asimismo identificar otras alternativas que permitan levantar las
restricciones que enfrentan los países en este sentido”.

El hecho es que, aún cuando los procesos de integración regional han
atravesado por diversas crisis, los proyectos de infraestructura no sufren
alteraciones y reaparecen cada cierto tiempo. Más allá de diferentes enfoques
políticos, los gobiernos de la región han mantenido una comunión
tácita de intereses en torno a un concepto de infraestructura que, en definitiva,
es funcional al modelo de desarrollo exportador.

El modelo y sus carencias

La justificación histórica de este modelo atribuye la falta de mayor
comunicación entre los países de la región a “accidentes físicos o naturales”.
Se dice que América del Sur está fragmentada en “islas” determinadas
por la Cordillera de los Andes y la Amazonía. Si bien se habla de
una unión del continente para mutuo beneficio, en realidad el enfoque
apunta a aumentar el comercio de la región hacia afuera y no el
intrarregional.

Un informe del BID titulado “Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo
en América Latina” confirma las apreciaciones anteriores. El documento
señalaba en 2002 que las iniciativas de integración en la región se
dirigían “a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada
desde mediados de los años ochenta” y que las mismas eran “una parte
integral del proceso mismo de reforma estructural”.

Mientras tanto, las organizaciones de la Articulación frente a IIRSA
consideraban que los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos
adversos de gran parte de estos proyectos serían relevantes y, en
muchos casos, irreversibles. Para la Articulación, las experiencias negativas
de los proyectos de infraestructura se han producido por:

• estándares ambientales, sociales y culturales inadecuados (o
inexistentes) para enfrentar las dimensiones complejas del desarrollo
infraestructural;
• falta de compromiso de los gobiernos y/o de los bancos multilaterales
de desarrollo e inversores privados en aplicar los estándares; y
• ausencia de procesos adecuados de rendición de cuentas de los proyectos
que sirvieran para reclamar cuando los estándares no son respetados.

IIRSA se encaminaba así a repetir los errores de proyectos anteriores,
como los daños a las comunidades indígenas (el Gasoducto Camisea, en
Perú) y al medio ambiente (el gasoducto Bolivia-Brasíl) o a generar deudas
nacionales aplastantes (Hidroeléctrica de Yacyretá), en la medida que persistía
en mantener un acceso limitado a la información y a la toma de decisiones
sobre los proyectos y las acciones que los acompañan.

La investigadora Margarita Flores, del Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos (ILSA) de Colombia, una de las organizaciones
integrantes de la Articulación frente a IIRSA, planteaba la cuestión en
estos términos: “La discusión sobre si es posible construir una nueva sociedad
manteniendo el modelo exportador, el mismo esquema energético y
sin dar prelación al mercado interno debe darse en profundidad”.

En Uruguay, esa discusión estaba saliendo a luz, a pesar de los esfuerzos
de algunos dirigentes por evitarla con el pretexto de que se
perdía algún “tren” y apelativos de “nabo” o “gil” para los que expresaban
discrepancias. Tanto en la izquierda como en la derecha, predominan
políticos que cultivan un concepto de gobierno elitista y tecnocrático
y para los cuales el máximo de participación llega hasta la expresión
del voto.